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El pasado 28 de marzo de 2025, el Consejo de Ministros de Italia aprobó de manera sorpresiva el Decreto-ley Nº 36/25, impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que introduce modificaciones profundas al régimen de ciudadanía italiana vigente desde 1992.
La norma entró en vigor de forma inmediata y deberá ser convertida en ley por el Parlamento dentro de los 60 días de su publicación. En caso contrario, el decreto perderá vigencia con efectos retroactivos. Mientras tanto, sus disposiciones ya están generando consecuencias concretas y una fuerte reacción a nivel internacional.
El eje central del Decreto 36/25 es la restricción de la transmisión de la ciudadanía italiana por descendencia (iure sanguinis), especialmente para quienes nacieron fuera de Italia y poseen otra nacionalidad.
A partir del decreto, el reconocimiento automático de la ciudadanía italiana queda limitado, salvo que el solicitante se encuadre en alguna de las siguientes excepciones:
Tener padre o madre (biológico o adoptivo) nacido en Italia.
Tener padre o madre ciudadano italiano que haya residido legalmente en Italia durante al menos dos años consecutivos antes del nacimiento o adopción del hijo.
Tener al menos un abuelo ciudadano italiano nacido en Italia.
En los hechos, esto excluye a una enorme cantidad de descendientes de italianos cuya línea de transmisión proviene de bisabuelos o generaciones anteriores, aun cuando la ciudadanía nunca se haya interrumpido jurídicamente.
El decreto también prevé la eliminación de los trámites de ciudadanía en los consulados italianos en el exterior, con la creación de una única oficina centralizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Roma, que concentrará todas las solicitudes.
Esta medida se fundamenta en el supuesto colapso de los servicios consulares, aunque no se han presentado, hasta el momento, soluciones claras respecto de plazos, capacidad operativa ni garantías de acceso efectivo para los solicitantes.
La publicación del decreto provocó una reacción inmediata y masiva de las comunidades ítalo-descendientes en América y otras regiones con fuerte presencia de emigración italiana.
Organizaciones representativas como el MAIE (Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior) enviaron una extensa carta al ministro Antonio Tajani cuestionando la constitucionalidad, la urgencia declarada y el impacto discriminatorio de la norma.
En países como Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y México se realizaron manifestaciones pacíficas frente a sedes diplomáticas y espacios simbólicos de la italianidad.
En Uruguay, el Comites y el CGIE, encabezados por el Arq. Aldo Lamorte, entregaron formalmente su rechazo al decreto ante la sede consular italiana.
Incluso en Roma se registraron protestas, cuestionando que una reforma de tal magnitud se haya adoptado por decreto y sin debate parlamentario previo.
Italia atraviesa, como gran parte de Europa, una compleja coyuntura demográfica, social y política. Sin embargo, resulta difícil comprender que, en ese contexto, se adopten medidas que limitan el vínculo con millones de descendientes de italianos en el mundo, precisamente cuando el país enfrenta una fuerte caída de la natalidad y un progresivo despoblamiento de amplias zonas del territorio.
El iure sanguinis no es un beneficio otorgado por conveniencia política ni un trámite administrativo más: es el reconocimiento jurídico de una identidad histórica, cultural y familiar que no se diluye por el paso del tiempo ni por el lugar de nacimiento.
Equiparar a los descendientes de italianos con flujos migratorios sin vínculo alguno con Italia implica desconocer esa realidad y genera una evidente incongruencia normativa y política.
Las dificultades administrativas, los atrasos consulares o el aumento de solicitudes no pueden resolverse mediante la restricción de derechos, sino con mejor organización, inversión y modernización del sistema.
Frente a este nuevo escenario, resulta fundamental actuar con criterio, información actualizada y estrategia jurídica adecuada:
Evaluar cada caso de manera individual
No todos los expedientes quedan automáticamente excluidos. Existen excepciones previstas en el decreto y situaciones particulares que deben analizarse con detalle.
Avanzar con los trámites ya iniciados
Los casos presentados antes de la entrada en vigor del decreto podrían quedar amparados por el régimen anterior, dependiendo de su estado y vía de tramitación.
Explorar vías judiciales en Italia
El decreto abre la puerta a cuestionamientos de constitucionalidad y a acciones judiciales que ya están siendo evaluadas y promovidas en distintos ámbitos.
No suspender la recopilación documental
Aunque el contexto sea incierto, contar con la documentación completa y correctamente reconstruida sigue siendo clave para cualquier vía futura.
Mantener seguimiento permanente del proceso parlamentario
El contenido del decreto puede modificarse durante su tratamiento legislativo o incluso perder vigencia si no es convertido en ley.
En momentos de cambios abruptos e incertidumbre normativa, la información clara y el asesoramiento especializado marcan la diferencia.
La ciudadanía italiana sigue siendo un derecho de origen para millones de descendientes, y su defensa continúa abierta tanto en el plano jurídico como institucional.
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