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En medio de la fuerte controversia generada por el Decreto-ley 36/2025, una reciente decisión de la Corte Constitucional de Italia introduce un elemento central en el debate y renueva las expectativas de miles de descendientes de italianos en el exterior.
La Sentencia Nº 88/2025, dictada en el marco de una acción judicial promovida por 31 demandantes, reafirma un principio histórico del ordenamiento italiano: la transmisión de la ciudadanía por derecho de sangre no está sujeta a límites generacionales. Si bien el fallo no anula de manera directa el decreto del Poder Ejecutivo, sí establece un precedente relevante que podría impactar en futuras acciones judiciales.
La Corte Constitucional confirmó la plena vigencia del principio del iure sanguinis tal como fue consagrado en la Ley 91 de 1992, rechazando los intentos de reinterpretación restrictiva promovidos desde distintos tribunales italianos.
En su resolución, el máximo tribunal declaró “infundadas” las cuestiones de constitucionalidad elevadas por juzgados de Bolonia, Roma, Milán y Florencia, que buscaban limitar la transmisión de la ciudadanía en función de criterios generacionales o administrativos.
El texto de la sentencia es contundente al señalar que la ciudadanía italiana no puede quedar supeditada a coyunturas políticas ni ser administrada como un privilegio discrecional, sino que constituye un derecho que deriva de la filiación.
Con esta decisión, la Corte frena los intentos de modificar indirectamente el régimen de ciudadanía por vía judicial y consolida un criterio contrario a las restricciones introducidas recientemente por el Ejecutivo.
El fallo se originó a partir de la acción presentada por 31 personas (20 adultos y 11 menores), descendientes de italianos, que se vieron impedidos de avanzar con sus trámites ante la imposibilidad de obtener turno consular y, posteriormente, por la entrada en vigor del llamado “Decreto Tajani”.
Los demandantes contaban con la documentación completa y cumplían con los requisitos tradicionales, pero sus solicitudes fueron rechazadas bajo los nuevos criterios restrictivos. Ante esa situación, recurrieron a la vía judicial, dando lugar a una sentencia que hoy adquiere relevancia general.
Es importante realizar una aclaración fundamental:
la Sentencia 88/2025 no habilita automáticamente a bisnietos, tataranietos u otras generaciones a iniciar trámites administrativos de ciudadanía en los consulados.
No obstante, el fallo fortalece de manera significativa la vía judicial, al debilitar los fundamentos jurídicos del Decreto 36/2025 y reafirmar la naturaleza histórica del iure sanguinis.
Autoridades italianas han señalado que la decisión “no abre un canal administrativo inmediato, pero sí constituye una base sólida para impugnar judicialmente las restricciones actuales”.
En este sentido, la sentencia puede convertirse en jurisprudencia clave para futuras demandas que cuestionen la constitucionalidad del nuevo régimen.
El Decreto-ley 36/2025, impulsado por el gobierno de Giorgia Meloni y aprobado por la Cámara de Diputados, introdujo limitaciones sustanciales al acceso a la ciudadanía italiana.
Con la nueva normativa:
Solo pueden tramitar la ciudadanía por vía administrativa los hijos o nietos de italianos nacidos en Italia.
Los ciudadanos italianos nacidos en el exterior no pueden transmitir automáticamente la ciudadanía a sus descendientes por la vía consular.
Numerosos trámites en curso quedaron paralizados o directamente excluidos del sistema.
Estas modificaciones alteraron de manera abrupta un esquema que se mantuvo vigente durante décadas y afectaron a miles de familias en todo el mundo.
La Sentencia 88/2025 no elimina las restricciones actuales, pero introduce un mensaje claro: el derecho de sangre sigue siendo un pilar del sistema jurídico italiano y no puede ser desnaturalizado sin un serio cuestionamiento constitucional.
El contraste entre el decreto del Ejecutivo y el criterio de la Corte Constitucional evidencia que el debate está lejos de cerrarse. Por el contrario, se abre una nueva etapa en la que el ámbito judicial adquiere un rol central en la defensa de los derechos de los descendientes de italianos.
Italia fue, es y sigue siendo una nación de emigrantes. Su identidad jurídica y cultural se construyó sobre la continuidad familiar más allá de las fronteras. Esa realidad histórica no desaparece por una reforma administrativa ni por una coyuntura política.
Ante este nuevo escenario, resulta clave adoptar una estrategia adecuada:
Analizar la situación individual de cada caso
La existencia de trámites iniciados, documentación completa o situaciones previas al 27 de marzo puede ser determinante.
Evaluar la vía judicial como alternativa principal
El fallo de la Corte Constitucional refuerza esta opción como camino viable y jurídicamente sólido.
No abandonar ni desarmar los expedientes
Contar con la carpeta completa sigue siendo esencial para cualquier acción futura, administrativa o judicial.
Mantener seguimiento constante de la evolución normativa y jurisprudencial
El decreto aún puede sufrir modificaciones o ser objeto de impugnaciones adicionales.
En un contexto cambiante, la información precisa y el enfoque estratégico son fundamentales.
La ciudadanía italiana por descendencia sigue siendo un derecho en discusión, pero también en defensa activa.
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